Proyecto de modificación de Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales
MONUMENTO NACIONAL ¿DEUDA INDIVIDUAL?
Así es; a pesar de que para cualquier chileno es claro que el país y su entorno urbano no son los mismos que hace más de treinta años, es inusual que una ley –que a pesar que ha tenido mínimas modificaciones- siga rigiendo en el ordenamiento del patrimonio arquitectónico como si estuviéramos en 1970. Y lo que es peor: que esté condenando a que éste desaparezca poco a poco debido a los pocos incentivos que ofrece a sus propietarios para poder conservarlos.
Por Paulina Orellana Ríos
Más que un honor y un sueño, un problema y una inminente pesadilla. Así lo consideran la mayoría de los propietarios que poseen un bien patrimonial y que son notificados de que estos han sido considerados como Monumento Nacional. Pues si bien es un nombramiento que contribuye a la difusión del patrimonio arquitectónico del país, en términos reales significa la completa responsabilidad del propietario de conservar ese bien en las mismas condiciones y sin que pueda hacer uso de él con otros fines que no sea su conservación. Es decir, implica dinero y tiempo que muchas veces no se tiene.
Un ejemplo emblemático es lo que ha ocurrido con el Palacio Pereira, propiedad construida en 1872 por encargo de Luis Pereira Cotapos, hombre destacado de la época. Actualmente queda emplazada entre las calles Huérfanos y San Martín, en la comuna de Santiago y Raúl del Río, su actual propietario y dueño de la constructora que lleva su nombre, lo ha tenido que mantener sin poder hacer modificaciones desde 1981, fecha en que se declaró Monumento Nacional.
“Lo adquirí con la idea de poder construir en ese lugar y de hecho también compré los terrenos aledaños a él, en los cuales construí un edificio de 800 departamentos. En esa fecha ya lucía muy deteriorado y a pesar de que en 1975 ya había sido declarado Monumento Nacional no me preocupaba porque más tarde lo habían desafectado ya que no se podía recuperar. Pero luego lo volvieron a declarar en 1981 a pesar de su situación irrecuperable”, describe.
Pero la situación empeoraría con la venida del terremoto de 1985, el cual terminó por destruir lo que aún estaba firme dentro de su estructura. Desde ese entonces, el Palacio Pereira ha sufrido los embastes de temporales y del tiempo, e incluso robos de molduras y rejas. Además, se hizo necesaria la construcción de una reja de protección para que los transeúntes no pasen cerca del lugar y puedan sufrir un accidente por la constante caída del material de la fachada. Inversión de tiempo y dinero que Raúl del Río ha tenido que complementar con la constante comunicación de las acciones que hace referentes al Palacio.
“Han sido 164 cartas las que se han enviado entre el Consejo, las municipalidades, la Dirección de Obras, entre otras. Es la única forma de que después no se me responsabilice por algún daño en esta propiedad. Pero nunca han acudido a mí o me han respondido alguna carta. Yo lo único que tengo claro es que Monumentos Nacionales no puede hacer nada, no porque no quiera, si no porque simplemente no hay fondos para patrimonio”, señala.
Con la idea de poder solucionar este problema, Raúl del Río ha presentado varios proyectos alternativos de construcción que no afectarían la estructura del Palacio. El último fue entregado en mayo pasado, pero cree que, tal como ha pasado con los anteriores, no tendrá respuesta positiva alguna. “Todos los Monumentos Nacionales están designados así porque son para la comunidad y una persona no se puede hacer cargo de su mantenimiento solo. Es como si alguien se tuviera que hacer cargo de La Moneda. Lo que hay que hacer en estos casos sería la expropiación para que pase a ser un bien público. Porque para el sector inmobiliario esto no representa ninguna fuente de inversión. Nadie compra algo para no poder hacer uso de él”, sentencia.
Incentivos son la clave
Pero esta realidad que afecta al patrimonio nacional podría cambiar, ya que desde hace un tiempo el Consejo de Monumentos Nacionales está pensando en la modificación de esta ley. Para ello ha invitado a colaborar a la Cámara Chilena de la Construcción, junto a otras entidades relacionadas al tema. A la luz de la realidad, para Óscar Acuña, secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, son tres las áreas fundamentales que deben ser revisadas en la nueva normativa: la representación regional del Consejo -de lo que actualmente carece-; incluir la protección del patrimonio inmaterial y por último, establecer incentivos para el propietario de un patrimonio.
“Este es un tema largamente diagnosticado en que se ha hecho un trabajo muy acabado entre el sector público y privado, buscando formular instrumentos que llenen este sensible vacío. La ley de Monumentos es una buena ley desde el punto de vista de la protección, la fiscalización, la regulación, pero claramente falla en el tema de los incentivos”, enfatiza.
Una iniciativa que es apoyada también por el vicepresidente de la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Chile y de la CChC, Eugenio Cienfuegos, quien dice haber tenido variadas experiencias que le denotan lo urgente que es la modificación de esta ley. “Conocí a un cliente que me pidió ir a ver un terreno en Osorno, y al llegar me di cuenta de que había existido una construcción antigua en él. El dueño me contó que había sido la casa de sus abuelos, una propiedad importante para la historia de la ciudad, pero que cuando le avisaron que era Monumento Nacional, ese mismo día la demolió porque sería su ruina”, cuenta Cienfuegos. Y explica que -a raíz de estas situaciones extremas- están trabajando para que, con la modificación de la Ley, el propietario no cargue con toda la responsabilidad de conservar un patrimonio para el país.
Jaime Pilasi, Presidente del Comité Inmobiliario de la CChC agrega que la modificación a la ley de Monumentos Nacionales beneficiaría significativamente al sector inmobiliario. “El efecto sería claramente positivo para el desarrollo inmobiliario, con barrios que tengan edificios históricos en condiciones de ser admirados o utilizados como equipamientos educacionales, sociales, entre otras posibilidades de uso. Hay que considerar que el desarrollo inmobiliario no sólo son edificios sobre terrenos que tuvieron una casa que se demolió, sino que se complementa con las propiedades históricas aledañas. Hay que buscar el interés económico para el propietario de esa edificación que le compense la idea de la alternativa de su venta como terreno”, explica.
Patrimonio: oportunidad de ingresos
Desde el retorno de la democracia que en nuestro país, las autoridades han trabajado para fomentar el tema del patrimonio, aunque con resultados variados. Destaca, por ejemplo, la organización de actividades que difunden y celebren su día (el último domingo de mayo abren las puertas de todos los lugares declarados patrimonio en Chile). Sin embargo, hay una arista que aún no ha sido tomada en cuenta del todo: la oportunidad de generar ingresos para el país a través del turismo y el fomento del patrimonio, idea con la que concuerda Eugenio Cienfuegos.
“El año pasado, en una experiencia en Buenos Aires, me tocó ver cómo a el barrio San Telmo- de casas muy bonitas, pero muy deterioradas- se le dio la oportunidad de tener fines de lucro. Los bancos empezaron a tomar estas casas y ahora están en perfecto estado, revitalizado el barrio hacia el turismo. Aquí se ve cómo la labor del Estado puede modificar la situación no sólo del dueño del bien patrimonial, sino de los vecinos. Además también entran las inmobiliarias. Ellas ven en el patrimonio una posibilidad de uso y desarrollo de ventas, pero sólo si fuera posible el uso con fines de lucro”, ejemplifica Cienfuegos.
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