Empresas mecenas
DEJAN HUELLA, RESCATANDO HUELLAS
La promulgación de la Ley de Donaciones con Fines Culturales en los noventa, se convirtió en ese entonces, en un hito de alianza entre el Estado y los privados, en pro de la cultura. Hoy, son estos últimos, quienes acogidos o no a esta ley, se perfilan cada vez más como protagonistas del mecenazgo cultural en Chile.
Por Paulina Orellana Ríos
A más de una década de la promulgación de la Ley de Donaciones con Fines Culturales, hoy son variadas las empresas que a través de su plan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) han incursionado en el escenario cultural nacional. Y es que con el retorno de la democracia y en pleno periodo de transición, por iniciativa de en ese entonces, presidente del Senado Gabriel Valdés, se crearía el vínculo que faltaba para unir a los sectores que se habían distanciado y de paso, permitiría fomentar la alicaída actividad cultural: la “Ley Valdés”, sería entonces uno de los principales instrumentos para el nacimiento del nuevo agente de la cultura, acorde a las nuevas leyes del mercado: el sector privado.
En términos generales, esta ley, Nº 18.925, artículo 8, permite dirigir recursos desde el sector privado (empresas o personas) hacia proyectos de carácter cultural –artístico o patrimonial- de reconocido interés público, situando como intermediario entre el proyecto, el financiamiento a una corporación o fundación sin fines de lucro. Así, quienes realizan el aporte pueden deducir impuestos en su declaración anual al Servicio de Impuestos Internos. La exención tiene un tope anual de 14 mil UTM (Unidades Tributarias Mensuales) por contribuyente y es deducible sólo en el momento en que el donante efectúe su declaración anual de impuestos en el mes de abril de cada año. Los donantes (empresas o personas) imputan sólo el 50 por ciento de lo donado, el resto corre por cuenta del Fisco.
Y aunque en el año 2001, se ingresó una modificación a la ley que permitió ampliar su espectro de aporte a organizaciones comunitarias, bibliotecas abiertas al público, museos estatales o privados abiertos al público que no persigan fines de lucro, y al Consejo de Monumentos Nacionales, -antes sólo podían beneficiarse: corporaciones, fundaciones culturales, universidades, institutos profesionales reconocidos por el Estado y bibliotecas públicas-, actualmente muchas empresas, incluso sin acogerse a esta ley, han comprometido en sus presupuestos anuales, recursos en pro de la cultura y el patrimonio.
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